Las personas migrantes que son víctimas de delitos durante su tránsito en México se enfrentan a un sistema impune que no solo les niega la justicia… A pesar de que la Ley General de Víctimas obliga a las autoridades a reparar el daño que sufrieron por crímenes como secuestro, homicidio o trata de personas, difícilmente llegan a obtener una reparación integral a sus derechos.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha atendido a 635 víctimas migrantes víctimas de delitos en México, entre 2012 y marzo de 2023, de acuerdo con una solicitud de información obtenida vía transparencia. Una cifra que está lejos de representar a las miles de víctimas migrantes que hay año con año.
Y es que tan solo de 2016 a 2022 se registraron 5,684 víctimas migrantes de delitos como secuestro, tortura, trata de personas, violación, entre otros, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob).
De acuerdo con los datos de la CEAV, entre 2012 y 2023, otorgó apoyos económicos a las víctimas migrantes por 7.8 millones de pesos. En los conceptos de pago se detallan “pagos de ayuda inmediata” o por “compensaciones por violación a los derechos humanos” y solo hay un “plan de reparación integral del daño” registrado en 2021, por un monto de 55 mil pesos.
Las víctimas olvidadas
Para que las víctimas sean reconocidas como tal y tengan acceso a una reparación, deben ser inscritas primero al Registro Nacional de Víctimas, a petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), un juez penal, un juez de amparo, civil o familiar o un ministerio público.
El problema es que las autoridades ignoran la mayoría de los casos de víctimas migrantes.
Si la CEAV reconociera a las víctimas siempre que la CNDH emite una recomendación, habría un número mayor de víctimas reconocidas. Es decir, existe un subregistro evidente de los casos que actualmente hay, explica Lorena Cano, coordinadora de la Clínica Jurídica del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).
Los obstáculos para llegar a la reparación de daño son varios, entre ellos la baja confianza en las autoridades que se ve reflejado en las pocas denuncias de delitos de los que son víctimas las personas migrantes no denuncian “porque tienen miedo a que si lo hacen pueden ser privados de la libertad por no contar con estancia regular o a represalias por parte de los criminales que al final también están coludidas con las autoridades”, explica Cano.
La reparación integral del daño también contempla a los familiares, quienes de acuerdo con la Ley General de Víctimas, al sufrir las afectaciones del delito, son consideradas víctimas indirectas. Por ejemplo, cuando hay un caso de homicidio o desaparición, las y los hijos quedan en situación de orfandad, por lo que quedan desprotegidos económicamente.
Desde 2012 hasta marzo de 2023, la CEAV solo atendió a cuatro familiares (víctimas indirectas) de personas migrantes víctimas de desaparición del total de las 635 víctimas migrantes que apoyó durante ese periodo. Es decir, solo cuatro familiares de migrantes víctimas han recibido reparación por parte del CEAV en 11 años.
Por lo que la reparación integral debe resarcir estos daños, restituir sus derechos y brindarles garantías de no repetición. Para ello, se debe tomar en cuenta la gravedad y magnitud del delito para garantizar la protección de los derechos y que reciban asistencia, protección, atención, verdad, justicia y debida diligencia.
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La reparación que no llega…
Han pasado más de 11 años desde que los cuerpos mutilados de 49 personas fueron hallados en el municipio de Cadereyta, Nuevo León. A partir de ese día el tiempo quedó suspendido para sus familiares, que a más de una década de aquella masacre, continúan a la espera de una respuesta sobre lo que ocurrió aquel fatídico 13 de mayo de 2012.
Ninguno de los dos sexenios ha podido dar justicia ni reparación a las familias de las víctimas que se quedaron sin sus esposos, hijos, padres, hermanos. Peor aún: las autoridades apenas han identificado 18 de las 49 víctimas —43 hombres y 6 mujeres—, de las cuales 11 son migrantes hondureños, dos nicaragüenses, un guatemalteco, además de dos personas mexicanas, de acuerdo con la Fundación para la Justicia (FJEDD).
Hasta hoy, no existe ninguna sentencia por este crimen. Tampoco se han localizado los restos parciales de las 31 víctimas faltantes. Las familias de Cadereyta no solo perdieron a sus seres queridos, también su esperanza y la vida que conocían antes de esta tragedia.
Una historia que se repite una y otra vez en casos similares de otras tragedias como la ocurrida en San Fernando, en 2010, y en Camargo, en 2021, ambas ocurridas Tamaulipas, en donde la justicia es esa promesa que nunca llega para las familias de las víctimas, quienes esperan a que algún día recuperen la dignidad que les fue arrebatada cuando perdieron a sus seres queridos.
Durante estos años han seguido sus procesos de justicia, sin que hasta ahora puedan tener una reparación integral del daño para continuar sus proyectos de vida.
La tragedia en Cadereyta
Desde su casa ubicada en La Paz, Honduras, José Dolores Suazo toma una entrevista telefónica para este reportaje. A casi 12 años de la Masacre de Cadereyta, en la que perdió a su hermano Mauricio, aún le es difícil hablar de esta tragedia sin sentir que la tristeza lo invade como la primera vez, dice desde el otro lado.
Mauricio Francisco Suazo Mejía —hermano de José— salió en abril de 2012 de su natal Honduras con la esperanza de un futuro mejor para su esposa e hijo, quien en ese entonces tenía seis años de edad. “La necesidad obligó a que Mauricio se fuera de aquí, como muchos hondureños. Somos una sociedad deprimida. Mi hermano quería algo mejor, se fue hasta los Estados Unidos sin saber que en México iba a perder la vida”, narra en entrevista para Bajo la Bota.
Antes de irse de Honduras, Mauricio trabajó como carpintero, albañil, pintando casas y peluquero. Hizo de todo para ganarse la vida, pero la necesidad económica fue mayor. Así que decidió emprender su viaje fuera de casa.
Mauricio tenía a su esposa y su hijo, que entonces tenía apenas cinco años y hoy ya es un joven de 17 años, a quienes el gobierno mexicano, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), tendría que indemnizar y reparar el daño que sufrieron por el crimen del que Mauricio fue víctima en México, tal y como lo contempla la ley.
En el caso de las víctimas de la Masacre de Cadereyta —como en muchos otros casos— ninguna de las 49 familias han recibido ni una sola de las medidas que contempla la reparación de daño.
“El gobierno mexicano se niega a darle los derechos a mi sobrino para que él pueda continuar con una carrera universitaria y no tenga que migrar en búsqueda de mejores oportunidades como lo hizo su padre, pero simplemente hemos sido ignorados, a mi sobrino y mi cuñada también les truncaron sus sueños”, dice José Dolores, quien actualmente también forma parte del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras.
Cerrar el ciclo
Lo que anhela José Dolores Suazo no solo es saber lo que ocurrió con su hermano y obtener justicia. También espera que algún día pueda darle una despedida digna a su hermano, “tenemos medio cuerpo enterrado, hacen falta las extremidades inferiores y superiores y el cráneo, lo que sepultamos fueron los restos de un torso. Estamos en la búsqueda de los otros restos, no hemos cerrado el ciclo”. Fue gracias a la Comisión Forense que Dolores Suazo pudo reconocer los restos de Mauricio.
José Dolores Suazo aún tiene la esperanza de saber qué ocurrió aquel día en el que le quitaron la vida a su hermano. Aunque la espera se ha vuelto eterna. Su madre y su padre fallecieron años después de la muerte de Mauricio. Nunca se recuperaron de la pérdida de su hijo. Ambos murieron esperando justicia.
La burocracia frena la reparación
En 2020, la Fundación para la Justicia (FJEDD) presentó un peritaje ante la CEAV, el cual describía los daños que sufrieron cada una de las familias de los migrantes hodureños a lo largo de estos años.
Esto con el objetivo de que la CEAV lo integre en el caso, reconozca sus derechos y les dé acceso a las medidas de reparación de daño. Sin embargo, la CEAV argumenta que este documento no puede ser tomado en cuenta por tratarse de un peritaje externo, por lo que tienen que realizar uno propio, explica Yesenia Valdez, coordinadora de Defensa Integral de la FJEDD. Lo cual pone más trabas para que los familiares tengan acceso a la reparación de daño, pues este peritaje contempló largas entrevistas con cada una de las víctimas indirectas en Honduras.
“Estamos atorados en ese punto. La verdad es que las familias ya están muy hartas, ya no quieren saber de nada, ni de autoridades ni de nada. Imagínate han pasado más de 10 años, la mayoría ha perdido la fe”, explica Yesenia Valdéz.
Aunque para este punto una reparación ya no podría darse de forma integral, considera la abogada. Pues no sólo padecieron la desaparición y asesinato de sus familiares, sino que el mismo gobierno durante todo este tiempo les ha dañado la vida tanto que ya no creen en la justicia, han agotado todos sus recursos para lograr retomar su vida sin tener ninguna respuesta.
Lo que debería contemplar esta reparación —explica Valdéz— es que las víctimas indirectas puedan continuar subsistiendo aún sin sus dependientes económicos. Es decir, que sus hijos, esposas o esposos puedan continuar con su proyecto de vida; con acceso a la educación, alimentación, vivienda y una vida digna.
“Es importante que las autoridades entiendan que cuando hablamos de reparación de daño no solo estamos hablando de dinero, tenemos que aspirar a la justicia y a una no repetición de los hechos”, dice Valdéz.
Así como Cadereyta, existen otros casos abiertos como el caso de los 72 migrantes de San Fernando, Camargo o los 52 migrantes muertos en una volcadura en Chiapas, en donde a los gobiernos parece no importarles que haya justicia. Mientras, los familiares de las víctimas ven mermados sus sueños y proyectos de vida que se vieron interrumpidos cuando perdieron a sus seres queridos. Aquí queda un cierre retomando que la reparación del daño es justo para intentar resarcir la afectación, pero tras tanto tiempo, ni la justicia ni la reparación.
