Los cigarros pasaban de mano en mano, los barrotes del sitio no impedían el consumo de tabaco u otros vicios, tampoco impedían la corrupción.
Hombres, migrantes todos, se aglomeraban en un espacio asignado para su detención en la Estancia Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, a donde eran llevados por policías municipales y agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), después de ser detenidos en distintas redadas por la ciudad.
La alimentación también era un lujo para las personas migrantes que vivieron en carne propia el encierro, con porciones insuficientes para satisfacer el hambre y sin horarios fijos, revelaron migrantes consultados por Bajo la Bota. El agua para beber era un problema más: sólo se les repartía ocasionalmente, a discreción de los uniformados.
“Si te dan, te dan una comida al día. Te mantienes con agua que te dan cuando a ellos se les antoja”, continua Jóse (nombre ficticio para resguardar su identidad), migrante venezolano, quien había estado detenido en la Estancia días antes del incendio.
Así funcionaba la estancia días antes de que un incendio consumiera el lugar y cobrara la vida de, al menos, 40 personas, el 27 de marzo de 2023. Era una tragedia anunciada, por todas las irregularidades con las que operaba el lugar, solo que nadie sabía la fecha exacta… Hasta que sucedió.
Las condiciones en las que las personas migrantes se encontraban, los protocolos de seguridad deficientes, las irregularidades y la corrupción daban pistas de que algo terrible podría pasar en cualquier momento.
Corrupción, de puerta a puerta
Cada que llegaba un nuevo grupo de migrantes al edificio, ubicado a 600 metros de la frontera con Estados Unidos, eran revisados por los agentes del INM, se les quitaban mochilas y otras pertenencias, sólo les dejaba la ropa que traían puesta.
Las mujeres y los hombres eran separados, cada grupo encerrado en puntos diferentes de la estancia, mientras que a algunas familias –generalmente con niños pequeños– se les permitía permanecer juntas, bajo vigilancia de una empresa de seguridad privada.
En el encierro de los hombres casi no había ventilación, solo unos huecos a modo de ventanas proveían aire al interior y el olor a sudor se mezclaba con el aroma a tabaco y a marihuana. Las pequeñas ventanas eran insuficientes para que se escapara siquiera un suspiro.
Llamas que arrancan la vida
¿Cómo pudieron iniciar el fuego? La respuesta es sencilla, junto con los cigarros que vendían, los guardias del “Grupo de Seguridad Privada Camsa” rentaban los encendedores, relatan migrantes que estuvieron algunos días antes del incendio en el edificio.
Los mismos verdugos, encargados de mantener el orden a base de amenazas y golpes, fueron quienes proveyeron el fuego que mató a 40 personas.
“Maltratan a uno, tienes que hacer todo como ellos dicen, pues porque te tratan a la fuerza (…) Los encendedores te lo alquilan o te lo prestan o te lo venden, pero son los de seguridad privada”, señala José.
Otro factor decisivo para la muerte de tantas personas fue la imposibilidad de salir. En los videos que han circulado en redes sociales se observa a los vigilantes huir del lugar sin abrir la puerta de la celda.
Según testimonios, las llaves las tienen los guardias de seguridad. Sin embargo, no siempre están cerca de la celda para abrirlas.
“Hay seguridad privada, que son los que están allí resguardando la puerta en el video, la reja, que son los que cargan las llaves”, cuenta José.
Y poco a poco, testimonios de este tipo, junto con otras evidencias han ido revelando los cúmulos de irregularidades y fallas que existían.
Hasta ahora al menos 11 guardias y elementos del INM presentes en el incendio han sido detenidos y las familias de las víctimas se enfrentan a un sistema que destruye el alma, como el fuego que les arrancó la vida a sus seres queridos.
