Dice Andrés Coc Moulds, indígena quekchí, que si pudiera dirigir una película que contara su vida, la llamaría “La curva del migrante”. Dos veces atravesó México para llegar a Estados Unidos. En la primera fue deportado desde Estados Unidos al poco tiempo de haber llegado. En su segundo intento, el jueves 9 de diciembre de 2021, casi pierde la vida en México tras una volcadura en una carretera en Chiapas, no tan lejos de su casa en Guatemala.
La noche anterior, Andrés junto con otras personas migrantes subieron a un autobús en la localidad chiapaneca de Carmén Xhan, municipio de La Trinitaria, frente a Guatemala. De ahí los llevaron a una casa de seguridad en San Cristóbal de las Casas, en los Altos de Chiapas. Durmieron apenas tres horas y fueron llevados a otra casa de seguridad, en la misma ciudad. Ahí aguardaron a que el guía les condujera con destino al estado de Puebla.
En cada parada, más personas migrantes se sumaban al contingente, que para entonces era de varias decenas. Los “coyotes” les gritaban que se subieran a la caja del tráiler, de pie uno tras otro, como si fueran cigarrillos en una cajetilla abultada. Los cuerpos pegados unos a otros, la falta de ventilación, la humedad y la temperatura que aún en invierno puede superar los 27 grados centígrados en la zona hacían cada kilómetro más pesado.
Para la una de la tarde, 169 migrantes, incluyendo un par de coyotes, estaban al interior del tráiler. En la curva del kilómetro 6 de la carretera que va de Chiapa de Corzo a Tuxtla Gutiérrez, el conductor perdió el control –algunos testigos señalan que por exceso de velocidad– y volcó. En total, fallecieron 56 personas que eran transportadas hacinadas en la caja del tráiler y 113 resultaron lesionadas, entre ellas, dos niños y 28 adolescentes. Entre las víctimas lesionadas estaba Andrés y su cuñado Florentín. Santiago, otro de sus cuñados, falleció.
| Nacionalidades de las víctimas: -148 eran de Guatemala -16 de República Dominicana -3 de Ecuador -1 de Colombia -1 de El Salvador |
No fue un accidente
Media hora antes de la volcadura, Andrés logró ver a través de una estrecha rendija de la caja del tráiler una garita con autoridades mexicanas que detuvo el vehículo por dos minutos y los dejaron seguir.
El tráiler volcó poco antes de las 3:30 de la tarde. Las personas quedaron una sobre otra, algunas esparcidas en el asfalto.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos señalan que este tipo de eventos no son accidentes, pues no son originados por causas fortuitas. Sino que se trata de consecuencias de una política migratoria militarizada, que obliga a las personas a migrar en condiciones cada vez más riesgosas.
Más de 50 organizaciones y comités exigimos al @GobiernoMX investigar las circunstancias del accidente en el que, al menos, 49 personas migrantes fallecieron en Chiapas, además de garantizar que los procesos de identificación se lleven a cabo de manera digna y humana pic.twitter.com/koVD6LX8Hj
— Fundación para la Justicia (@FJEDD) December 10, 2021
“La tragedia deja nuevamente en claro que, el anonimato y las condiciones en las que
las personas migrantes se ven forzadas a transitar, son mortales y consecuencia de
políticas migratorias fallidas”, señalaron más de 50 organizaciones en el comunicado conjunto.
“La militarización de la política migratoria obliga a las personas migrantes a viajar por rutas clandestinas que les hacen vulnerables a múltiples riesgos, que incluyen muertes, desapariciones forzadas, secuestros, corrupción, entre otros”, explica el informe Bajo la Bota, que analiza los efectos de la militarización en la migració.
Sin justicia ni reparación
“Me costó superar esta tragedia. Primero pasé muchos meses encerrado en mi cuarto, era un tiempo en que no pensaba mucho en un futuro”, dice Andrés, desde su habitación de techo de lámina y paredes de madera en Río Dulce, a seis horas de la capital guatemalteca, entrevistado para Bajo la Bota, en abril del 2023.
En cuanto al incidente del tráiler, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó, en su Recomendación 256/2022, que el Instituto Nacional de Migración (INM) transgredió los derechos humanos de estas personas migrantes, causándoles afectaciones a nivel físico, psicológico y, además, omitieron revisar el vehículo en el punto de revisión donde había un agente migratorio.
La Ley General de Víctimas establece que, al acreditarse una violación a los derechos humanos, se debe realizar una reparación integral del daño y perjuicios que se ocasionaron, para lo cual, el Estado debe investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
¿Qué es una reparación integral del daño?
La reparación integral del daño comprende medidas como restitución, rehabilitación, compensación, garantías de no repetición.
Además, se debe inscribir a las víctimas directas e indirectas en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) para que accedan a ayuda, asistencia y reparación integral, mientras que el INM en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) debió dar la atención psicológica a los sobrevivientes que lo desearan.
A la fecha, la CEAV reconoce a 691 víctimas de origen migrante, pero Andrés, Florentin y sus familias no aparecen en el Renavi, pese a requerir urgentemente el apoyo psicológico y, por ley, tener derecho a la reparación integral.
En espera de un final feliz
Es mediodía, los rayos del sol golpean el techo de lámina sobre la tumba de Santiago. Los sobrevivientes, Andrés y Florentín, llegan en moto al cementerio, ubicado en lo alto de un cerro, entre plantas de cardamomo y de palma de aceite.
Sus esposas, Sandra y Maritxa, respectivamente, junto con Olga, la viuda de Santiago y sus hijos, van en la góndola de la camioneta que era de Santiago, pero que hoy es manejada por un familiar.
Olga tiene unos 30 años, su cabello es negro, largo y mira fijamente cuando habla. Recuerda que era año nuevo cuando una romería de gente asistió al funeral de su esposo, maestro bilingüe de español y quekchí de primaria, repatriado desde el lugar de la tragedia, Chiapas. Él había renunciado a su trabajo para alcanzar a su hijo, en Estados Unidos, porque quería una cirugía ocular.
Había días en que Olga solo deseaba estar en el cementerio, mirando la tumba de Santiago, hasta que su madre le suplicó que por su otro hijo retomara su vida, y cambió ese paisaje de tumbas y cardamomo por actividades en su iglesia local, su nuevo refugio.
En la misma situación se vio Andrés, quien empezó a vender helados para dejar los encierros. Antes de emigrar era guardia de seguridad de un banco, ahora es voluntario en una campaña política que lo distrae y le muestra las necesidades de su comunidad. A su vez, Maritxa Choc Xi, su esposa, lo escucha, camina a su lado.
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Floretín, el otro sobreviviente, es delgado y callado. Primero las pesadillas, luego sus largos silencios. Como en la clínica de la aldea no hay terapeuta, su esposa Sandra -–que es hermana de Olga y Andrés– se ha vuelto su confidente, mientras ella vende tortillas hechas a mano desde su casa, y él trabaja vendiendo cosas usadas.
“Si existiera la reparación del daño, nos gustaría –a mi esposo y a mí– la terapia psicológica, y la ayuda en la educación de mis dos hijas”, dice la mujer.
Desde el día de la tragedia migrante en México, esta familia guatemalteca está más unida. Los paseos en Semana Santa. Las comidas. Las charlas nocturnas y las risas de sus pequeños hijos son, por ahora, un cierre de la película de Andrés, “La curva del migrante”.
A Andrés le gustaría migrar a Estados Unidos, pero con visa de trabajo porque la visa humanitaria con vigencia de un año, para llegar hasta el norte de México, que les dio el Instituto Nacional de Migración (INM) –junto a otros sobrevivientes– ya caducó.
En “La curva del migrante”, la película que imagina Andrés sobre su vida, no solo habría tragedia, también la esperanza. “¿Qué vamos a hacer sino más fuertes?”, dice Josefina Mohulds Choc, madre de Andrés, Sandra y Olga, esposa de Santiago, el migrante fallecido. “Si tan solo fuéramos libres… Sin fronteras”, dice.
