Introducción
En una dura realidad y un sueño de esperanza, cada año, miles de personas migrantes atraviesan el territorio nacional en búsqueda de un mejor futuro. Los motivos son muy variados: huir de la violencia, la pobreza extrema, las consecuencias del cambio climático, la falta de oportunidades o, en muchos casos, de amenazas directas en contra de la vida.
Sin embargo, el recorrido se hace cada vez más complicado, ya que, además de las rutas hostiles y los peligros naturales en el camino, en los últimos años la política migratoria de México ha fortalecido las estrategias de contención y control a la movilidad, priorizando la criminalización sobre los derechos humanos de las personas migrantes. La participación de la Guardia Nacional, en coordinación con otras fuerzas de seguridad de carácter civil, normaliza el uso
de la fuerza y la violencia contra quienes migran, aumentando sus condiciones de vulnerabilidad.
Esta investigación estudia el impacto de la creciente militarización de la política migratoria en México durante la administración de Andrés Manuel López Obra-
dor (2018-2024) y los efectos directos para las personas que migran. El documento muestra cómo la actuación de Fuerzas Armadas, bajo una lógica de vigilancia y control, ha propiciado que los derechos humanos queden supeditados a una estrategia de seguridad. Esta política migratoria, en lugar de resguardar a quienes migran, ha potenciado el sufrimiento y multiplicado las amenazas a las que se ven expuestos.
Las historias de hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes y familias que escapan de condiciones de vida insostenibles dan cuenta de una población migrante que cuando llega a México se encuentra con un sistema que no sólo les niega la posibilidad de ejercer sus derechos, sino que además les criminaliza y permite y perpetúa abusos en su contra.
En el trabajo se analiza la puesta en marcha de la Guardia Nacional y su creciente actuación en funciones migratorias, como operativos de contención, revisiones en carreteras y transporte, y verificación de documentos en fronteras y zonas de paso. La Ley de Migración y la Ley de la Guardia Nacional dan facultades específicas para la intervención militar en la frontera; sin embargo, la intervención represiva ha ocasionado un uso excesivo de la fuerza y violaciones a derechos humanos documentadas, que, además de afectar a las personas migrantes, comprometen las obligaciones internacionales de México en la materia.
Esta política tiene graves implicaciones para los derechos humanos de las personas migrantes. La criminalización de la migración ha permitido que se genere un escenario de represión y de persecución, que daña la integridad física de las personas migrantes. Las acciones de coerción militar han implicado detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones, así como abusos sexuales, con especial impacto en grupos en situación de vulnerabilidad ( mujeres, niñas, niños, personas indígenas y de otras comunidades) que al transitar viven condiciones extremas de vulnerabilidad. Los testimonios que se recogen en esta investigación dan cuenta de un preocupante panorama de las consecuencias de esta política, que han convertido a la migración en un recorrido cada vez más peligroso y doloroso debido a la militarización.
Como país signatario de diversos tratados internacionales, México tiene la obligación de asegurar que las personas con necesidad de protección internacional puedan ingresar a su territorio y solicitar la condición de refugiado, así como asegurar que todas las personas que cruzan su territorio gocen de un trato digno, que el principio de no devolución sea respetado y que se les brinde protección contra la violencia y explotación. Si bien puede considerarse que las Fuerzas Armadas ten-
drán un mejor control de los flujos migratorios, la militarización es la prueba de la renuncia del enfoque humanitario y de protección de derechos humanos del que se
jacta el Estado mexicano,5 socava la protección de personas migrantes y aumenta la impunidad de abusos por parte de fuerzas de seguridad.
Por último, el presente informe no sólo da cuenta de los abusos y violaciones a los derechos humanos, sino que también trata de llamar a la reflexión sobre el im-
pacto de la militarización en la política migratoria en el mediano y largo plazos, así como el papel de México en la defensa de los derechos de las personas que migran.
En un escenario en que la relación bilateral con Estados Unidos, el país enfrenta importantes presiones en materia de gestión migratoria, es fundamental repensar lo que se está haciendo en las fronteras y plantear otras alternativas que pongan en el centro los derechos humanos de cada persona migrante y el respeto a su dignidad.
Esta es la intención de este análisis. En otras palabras, el objetivo es contribuir al debate sobre el futuro de la política migratoria en México, buscando transformar el
enfoque de represión y seguridad por uno más humano y justo.
El informe se organiza en tres apartados, además de la introducción, el resumen ejecutivo y la conclusión. La primera sección presenta el proceso histórico de la militarización para el control fronterizo y migratorio en México desde la década de los ochenta hasta el presente, así como numeralia para comprender el panorama de movilidad actual en México y la participación de la Guardia Nacional en la política migratoria, incluyendo el proceso de acaparamiento por parte de perfiles militares en puestos civiles en el Instituto Nacional de Migración (INM).
La segunda sección presenta algunos casos recopilados mediante solicitudes de acceso a la información pública, principalmente en el marco de la investigación realizada por la periodista Miriam Ramírez sobre casos de corrupción, discriminación, abusos de poder y violaciones de derechos humanos al interior del INM y contra personas migrantes. La tercera sección analiza las entrevistas realizadas a diez organizaciones de la sociedad civil y presenta los principales hallazgos, sobre todo en relación con revisiones migratorias en carreteras y al interior de las ciudades tanto por parte del INM como de las Fuerzas Armadas, policías estatales y policías municipales. Asimismo, examina las violaciones a derechos humanos contra personas migrantes y personas defensoras de derechos humanos, la falta de transparencia y rendición de cuentas durante los operativos de control migratorio, especialmente cuando involucra a las Fuerzas Armadas.
