Este trabajo colaborativo surgió del interés inicial de la Fundación para la Justicia (FJEDD) en documentar y analizar el impacto en derechos humanos de la militarización de la política migratoria.
La FJEDD, en alianza con organizaciones de derechos humanos locales como Derechoscopio (Baja California), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) (Chihuahua) y Uno de Siete Migrando (Chihuahua) y reconociendo la importancia del trabajo de investigación periodística, sumó esfuerzos con el periodismo colaborativo que realizan periodistas de la red de Periodistas de a Pie, bajo la dirección de Alberto Nájar.
En conjunto se creó una metodología que combinó técnicas del trabajo periodístico independiente con las de investigación en derechos humanos. En articulación constante, durante un año, trabajaron periodistas y personas defensoras de derechos humanos para la identificación y documentación de casos, así como el levantamiento de información en campo.
El resultado, alojado en este micrositio, lo conforman reportajes periodísticos, fotoreportajes, videos y un informe de investigación en derechos humanos, en el participaron las organizaciones Sin Fronteras IAP y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI). Todo este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo de la Open Society Foundations.
La política migratoria ha experimentado un proceso de militarización inédito en la historia de México, la cual se ha incrementado a partir de la firma de acuerdos migratorios impulsados por Estados Unidos y aceptados por nuestro país. A los cuerpos castrenses se les ha adjudicado funciones en materia migratoria, en contra de las disposiciones normativas mexicanas, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados. Se han desplegado decenas de miles de estos elementos en las fronteras norte y sur de México, constituyendo muros militares o la llamada frontera vertical, contribuyendo al proceso de externalización del control fronterizo promovido por Estados Unidos de América.
Paulatinamente, además se han incorporado militares y exmilitares como parte de la estructuras del Instituto Nacional de Migración (INM), lo que indica el fortalecimiento de la perspectiva de seguridad nacional en la política migratoria, así como el favorecimiento de la criminalización de los grupos de personas migrantes, acentuando con ello su situación de vulnerabilidad.
La decisión de militarizar la política migratoria y las fronteras mexicanas afecta a miles de personas migrantes, especialmente a las más vulnerables: personas que escapan de violencia extrema, desastres climáticos, racismo, gobiernos autoritarios, discriminación de género o por orientación sexual, esto es, población en necesidad de protección internacional. Muchas de esas personas atraviesan el corredor del Tapón de Darién, donde son víctimas de delitos y diversas violaciones de derechos humanos, para chocar en México contra el muro militar generado para contención de un flujo migratorio que tiene como principal objetivo: llegar a Estados Unidos de América.
Desde 2006, México intensificó la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública. Este proceso de militarización de la seguridad pública ha sido calificado por diferentes órganos internacionales y nacionales de protección de derechos humanos como una estrategia inadecuada e insuficiente para la protección de los derechos humanos; con la consecuencia de incrementar las violaciones a los derechos humanos, y en contra del paradigma de seguridad humana o ciudadana.
Los elementos de las Fuerzas Armadas se entrenan para vencer a un enemigo, no para la protección y control de la población civil. Cuando asumen tareas civiles que no les corresponden, no abandonan su formación y dinámica militares, lo que provoca que su participación en este tipo de acciones introduzca un riesgo para la violación de los derechos humanos. A pesar de la evidencia sobre los riesgos de autorizar la participación de las Fuerzas Armadas en actividades propias de las instituciones de carácter civil, México ha decidido ampliar los alcances de su estrategia de militarización e incluir en su política migratoria la participación de personal militar.
La participación de las Fuerzas Armadas en la política migratoria mexicana ha sido gradual y a través de diferentes mecanismos. En este sentido, el trabajo realizado tiene como objetivo evidenciar cómo se ha intensificado el proceso de militarización de la política migratoria desde 2019 y, en consecuencia, exponer las principales violaciones de derechos humanos de las personas migrantes causadas en este proceso.
Esperamos que este informe ayude a la reflexión sobre lo que implica que un país haya decidido utilizar su fuerza militar para frenar la migración y solidificar el proyecto de externalización fronteriza de Estados Unidos de América. No nos podemos permitir ningún costo en términos de afectación a la vida, la integridad y la libertad de las personas más vulneradas en la región. La participación de los militares en tareas relacionadas con la migración debe parar.
